Pensiones

Algunas reflexiones sobre el informe del Pacto de Toledo y los planes del Gobierno en materia de pensiones

Hace pocas semanas, el Congreso de los Diputados aprobó por una amplia mayoría el Informe de evaluación y reforma del Pacto de Toledo. En ese documento se incluyen una serie de recomendaciones que orientarán, sin duda, una próxima reforma del sistema público de pensiones en la que el Gobierno ya ha empezado a trabajar. Un documento complementario de considerable interés es la comparecencia del titular del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ante la Comisión del Pacto de Toledo, en la que se esbozan las líneas de actuación que el Gobierno propone en este ámbito, algunas de las cuales ya han empezado a concretarse en el Proyecto de Presupuestos Generales del Estado que actualmente se está tramitando en las Cortes.

La Comisión del Pacto de Toledo y el Gobierno comparten un diagnóstico francamente optimista e intencionadamente tranquilizador de la situación actual y perspectivas futuras de nuestro sistema público de pensiones. En su opinión, el actual déficit de la Seguridad Social se debe por entero a que el sistema soporta una larga serie de gastos impropios que debería sufragar el Estado y debe verse por tanto como el resultado accidental de una mala contabilización, y no como un indicio de la existencia de problemas de sostenibilidad. Mirando hacia delante, el Gobierno considera que España está en condiciones de absorber sin excesivos problemas el incremento del gasto en pensiones derivado del envejecimiento de la población porque, a su entender, partimos de una posición más favorable que la de los países de nuestro entorno. Apoyándose en estas premisas, tanto el Gobierno como la Comisión parlamentaria apuestan por un cambio de política que supone eliminar al menos parte de las restricciones al crecimiento del gasto en pensiones que se introdujeron en la reforma de 2013, fiando su financiación a un incremento de las aportaciones del Estado.

Fedea publica hoy un trabajo de Angel de la Fuente (Fedea e IAE-CSIC), Miguel Angel García (URJC) y Alfonso Sánchez (Fedea) en el que se cuestionan las premisas básicas del análisis del Gobierno y el Pacto de Toledo y se aboga por una política de pensiones que preste una mayor atención al control del gasto. Los autores argumentan que los gastos realmente impropios que el sistema contributivo de pensiones soporta en la actualidad ascienden en el mejor de los casos a algo menos de una cuarta parte del déficit previsto. Sí habría, por tanto, motivos para preocuparse por la viabilidad actual del sistema de pensiones y la estrategia de “saneamiento” que propone el Gobierno puede ser contraproducente porque trasladar el agujero presupuestario a otro sitio reducirá la presión para abordar sus causas reales. El documento también analiza la situación relativa de España dentro de la Unión Europea en términos de gasto público en pensiones con conclusiones muy distintas a las del Gobierno. Cuando se controla por el grado de envejecimiento de la población, nuestro nivel de gasto está casi dos puntos de PIB por encima de la media europea porque nuestras pensiones están entre las más elevadas de la UE en relación con nuestros salarios.

Ambos ejercicios, por tanto, apuntan a que haríamos bien en preocuparnos por la sostenibilidad de nuestro sistema contributivo de pensiones. Los motivos para la preocupación, además, tenderán a agravarse durante las próximas décadas debido al rápido proceso de envejecimiento en el que estamos inmersos. Apoyándose en algunos trabajos previos, los autores del estudio presentan algunas proyecciones (pre-Covid) de la evolución a largo plazo de los ingresos y gastos del sistema contributivo de pensiones si seguimos las líneas de actuación que plantea el Gobierno con el apoyo del Pacto de Toledo. Incluso en el escenario migratorio más favorable, las proyecciones apuntan a un crecimiento significativo del déficit del sistema durante las próximas décadas que pondrá una presión considerable sobre el resto de nuestras cuentas públicas. Si a esto le añadimos el impacto del Covid, resulta difícil evitar la conclusión de que necesitaríamos prestar más atención al control del gasto en pensiones de lo que el Gobierno propone. Su apuesta en este sentido se centra en la mejora de los incentivos para prolongar las carreras laborales, lo que muy difícilmente será suficiente para mantener el crecimiento del gasto en pensiones en niveles asumibles.

El trabajo concluye con la reflexión de que el mejor punto de partida para el diseño de una política realista de pensiones sería el reconocimiento expreso de que nuestro sistema tiene problemas de sostenibilidad porque ofrece prestaciones por encima de las que puede pagar con los recursos de los que dispone ahora y dispondrá previsiblemente en el futuro. El Gobierno pretende resolver el problema ofreciendo un cheque en blanco con cargo a la Administración General del Estado, pero los autores temen que eso sólo creará las condiciones para que el desajuste siga creciendo hasta convertirse en inasumible y mientras tanto podría dejar poco espacio para otras prioridades. Sus propuestas se centrarían en i) buscar un equilibrio razonable entre el gasto en pensiones y otras prioridades y ii) ir acercándonos a ese objetivo mediante una combinación de medidas de ingreso y de control del gasto que asegure la viabilidad del sistema público de pensiones y un reparto equilibrado del coste de los ajustes necesarios entre todos, incluyendo a los actuales pensionistas con prestaciones superiores a las mínimas.

Documento

de la Fuente, A., M. A. García Díaz y A. R. Sánchez Martin (2020). “Algunas reflexiones sobre el informe del Pacto de Toledo y los planes del Gobierno en materia de pensiones.” FEDEA Policy Papers no. 2020-23, Madrid.

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