Economía de la Empresa y del Derecho y Organización Industrial

Economistas, jueces y académicos piden mejoras en la reforma concursal

Entre las principales demandas se encuentran: Eliminar los privilegios del crédito público –sobre todo en segunda oportunidad– especialmente para pequeños emprendedores y personas físicas; adecuar los tiempos judiciales a las exigencias de una economía dinámica y competitiva, pero sin merma de garantías para los acreedores; testar previamente los formularios electrónicos y avances digitales que se anuncian para que puedan ser eficientes y funcionen correctamente; incorporar medidas pre-pack para agilizar los procesos de venta de unidades productivas en los trámites preconcursales, e incluir medidas de mediación concursal, acuerdos extrajudiciales de pagos y convenios como herramientas complementarias contra las situaciones de insolvencia.

Madrid, 9 de septiembre de 2021.-  Aunque el Anteproyecto de Ley de reforma del texto refundido de la Ley Concursal –que en estos momentos se encuentra en tramitación–supone, en general, un avance, cabe introducir mejoras en algunos aspectos que, de no ser tomados en consideración, podrían dar al traste con los objetivos de dicha norma. Entre ellos se encuentran  la necesidad de eliminar los privilegios del crédito público –sobre todo en segunda oportunidad– especialmente para pequeños emprendedores y personas físicas; adecuar los tiempos judiciales a las exigencias de una economía dinámica y competitiva, pero sin merma de garantías para los acreedores; testar previamente los formularios electrónicos y avances digitales que se anuncian para que puedan ser eficientes y funcionen correctamente; incorporar medidas pre-pack para agilizar los procesos de venta de unidades productivas en los trámites preconcursales, e incluir medidas de mediación concursal, acuerdos extrajudiciales de pagos y convenios como herramientas complementarias contra las situaciones de insolvencia.

Esta es la principal conclusión del coloquio organizado por el Registro de Economistas Forenses (REFOR) –órgano especializado en materia de insolvencias del Consejo General de Economistas– y la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea)  que se ha celebrado hoy en formato virtual bajo el título Retos del modelo concursal español, en el que han participado economistas, jueces y académicos para debatir sobre el modelo que necesita España para ayudar a reflotar empresas en dificultades pero viables y evitar así que acaben en liquidación.

Valentín Pich, presidente del Consejo General de Economistas de España, y Ángel de la Fuente, director de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), han sido los encargados de presentar el acto, en el que han participado el magistrado de lo mercantil José María Fernández Seijo;  los administradores concursales y expertos en restructuraciones del REFOR Xavier Domènech y Rubén García Quismondo; y  el catedrático de Organización de Empresas de la UPF  y colaborador de Fedea, Benito Arruñada. El cierre del acto ha corrido a cargo de Juan Carlos Robles, presidente del Registro de Economistas Forenses (REFOR-CGE), quien ha expuesto las  principales conclusiones de la Jornada y  ha planteado algunas propuestas concretas de cara a mejorar el tratamiento de las insolvencias en nuestro país, que previamente habían sido consensuadas por todos los intervinientes. 

En la presentación del acto, el presidente del Consejo General de Economistas de España, Valentín Pich, ha señalado que, “si bien en una primera lectura de la reforma concursal pueden apreciarse cambios positivos –como la incorporación de un nuevo sistema concursal para microempresas, el impulso de los planes de reestructuración o el necesario avance digital–, en una lectura con más detenimiento se observan algunas deficiencias como la poca claridad de la regulación del administrador concursal y de las nuevas figuras que desarrolla –como el experto en reestructuración o el pre-packer–“. Según Pich, “en algunos puntos el anteproyecto se aleja de la Directiva de Insolvencia que se traspone y de la práctica habitual concursal europea e internacional,  principalmente en el incremento de los privilegios del crédito público, por lo que la segunda oportunidad va a ser muy difícil de conseguir para pequeños emprendedores y personas físicas”.  

Por su parte, el director de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), Ángel de la Fuente, ha afirmado que  “en el anteproyecto se opta por potenciar los procedimientos preconcursales, ampliando su ámbito de aplicación, posibilitando su inicio temprano y tratando de facilitar la aprobación de acuerdos entre las partes, así como por agilizar las liquidaciones y facilitar la venta de unidades productivas en funcionamiento. Todo esto me parece positivo y ayudará a mejorar el funcionamiento del sistema. También me parece correcta la apuesta por la digitalización para reducir costes y agilizar procedimientos, aunque plantea riesgos mientras se perfecciona el sistema que habría que tratar de minimizar manteniendo mecanismos de flexibilidad y ayuda al usuario”. Su intervención ha concluido planteando una objeción. Para de la Fuente “se ha perdido la oportunidad de terminar con los anacrónicos privilegios del crédito público, que no tienen sentido en términos de equidad o de eficiencia”.

El primero en intervenir en el debate ha sido Benito Arruñada, catedrático de Organización de Empresas de la Universidad Pompeu Fabra y colaborador de Fedea, para quien “el derecho concursal español sufre un excesivo protagonismo judicial y unas reglas que intentan favorecer la continuidad ex post, pero sólo logran retrasar la liquidación de empresas inviables. Como consecuencia, los participantes en la empresa (incluidos los propios deudores, que en otro caso no accederían al crédito) tienen interés ex ante en estructurar las transacciones de tal modo que eviten su recurso al propio procedimiento concursal”.

A continuación, José María Fernández Seijo, magistrado de lo Mercantil de Barcelona ha analizado las medidas necesarias para que los procedimientos judiciales de insolvencia sean más ágiles y eficaces con el objetivo de adecuar los tiempos que necesitan las empresas con los tiempos y garantías del proceso judicial. Así mismo ha abordado las disfunciones que se plantean en la tramitación de los concursos, los tiempos muertos y su incidencia en la pérdida de valor o de oportunidades de las empresas, analizando las propuestas de agilización. En este sentido, Fernández Seijo considera que “los retos del modelo concursal español deben centrarse en conseguir procedimientos más ágiles, más eficaces, en los que los tiempos judiciales se adecúen a las exigencias de una economía dinámica y competitiva, perosin merma de garantías para los acreedores”.

Según Xavier Domènech –administrador concursal, experto en reestructuración y miembro del Consejo Directivo del Registro de Economistas Forenses (REFOR-CGE)–, “tras 20 años de la incorporación formal del economista como uno de los agentes claves en los procesos de resolución de las insolvencias, las sucesivas reformas y modificaciones que ha precisado la legislación han ido incrementando la importancia de conceptos de clara esencia económica. Planes de reestructuración, planes de viabilidad, valoración de empresas y negocios, management de empresas en dificultades… La lectura del Anteproyecto por el que se transpone la Directiva no sólo confirma la anterior tendencia sino que consolida de forma clara esta actividad profesional en la que los economistas podremos seguir especializándonos”. 

Para Rubén García Quismondo –administrador concursal en España y Reino Unido, colaborador del REFOR-CGE en asuntos internacionales y miembro del mismo–, “con motivo de la transposición de la directiva europea de insolvencia y reestructuración, se ha publicado un anteproyecto de ley por el que se modifica el Texto Refundido de la Ley Concursal; y se ha aprovechado  dicha transposición para promover profundas transformaciones procesales, del derecho concursal español, sobre sus operadores, sobre los procedimientos en sí, sobre los administradores concursales…, dando preponderancia a mecanismos de solución de la crisis extrajudiciales, minimizando la intervención judicial, buscado la eficiencia y eficacia de los procesos, su celeridad y el menor daño reputacional, e implementando mecanismos de reestructuración empresarial y de la persona natural”.

El último en intervenir ha sido Juan Carlos Robles, presidente del Registro de Economistas Forenses (REFOR-CGE), quien ha señalado que “el Anteproyecto de reforma concursal, si bien dibuja el espíritu de la Directiva, deja de abordar algunas líneas que consideramos esenciales para la gestión eficiente de las insolvencias en España. Aspectos como la no profesionalización de los procedimientos de reestructuración ni de las soluciones de venta exprés de unidades productivas, la eliminación de los administradores concursales en procedimientos de microempresas o el mantenimiento de la sobreprotección del crédito público podrían dar al traste con los objetivos perseguidos por el anteproyecto”.

Según Robles, en el debate ha quedado claro que las medidas encaminadas a evitar los tiempos muertos en los concursos –agilización de la liquidación, procedimiento abreviado, propuesta de regulación especial para microempresas…– han sido muy bienvenidas por parte de todos los intervinientes. 

No obstante, considera que cabe un importante margen de mejora. De ahí que  el acto haya concluido con la exposición, por parte del presidente del REFOR, de 9 PROPUESTAS concretas de cara a mejorar el tratamiento de las insolvencias en nuestro país, que previamente habían sido consensuadas por todos los intervinientes. 

1.- Debería suprimirse el privilegio de los créditos públicos o, al menos, condicionar dicho privilegio a su previa publicidad. Deberían incluirse medidas más flexibles del crédito público en segunda oportunidad, especialmente para pequeños emprendedores y  autónomos, y personas físicas con menos recursos.

2.- Debería permitirse la conversión de créditos públicos en una nueva forma de quasi-equity: la deuda tributaria contingente (a la vuelta a beneficios de la empresa en reestructuración), cuya devolución podría realizarse mediante recargos en impuestos sobre beneficios futuros.

3.- Sería conveniente establecer en el Anteproyecto de Ley las condiciones profesionales para ser Administrador concursal, experto en reestructuraciones y pre-packer.

4.- Sería conveniente que se testara y probara el conjunto de nuevos formularios concursales electrónicos previstos, que todavía no se conocen, antes de su puesta en marcha para evitar ineficiencias que podrían colapsar el funcionamiento de los juzgados mercantiles.

5.- Debería mejorarse la colaboración entre entidades privadas y públicas de cara al establecimiento de mecanismos de alerta temprana para los deudores en riesgo de insolvencia.

6.- Sería conveniente incluir medidas de mediación concursal, acuerdos extrajudiciales de pagos y convenios, que con la reforma han quedado descafeinados y relegados, como herramientas complementarias contra las situaciones de insolvencia.

7.- Sería necesario incorporar medidas pre-pack para agilizar los procesos de venta de unidades productivas en los trámites preconcursales.

8.- Deberían aclararse cuestiones mal resueltas hasta el momento de ámbito mercantil y laboral en relación con las sucesiones de empresa tras la venta de unidades productivas, con el fin de no obstaculizar indebidamente tales transmisiones.

9.- En el anteproyecto debería destacarse la necesaria formación continua del profesional para adaptarse a los constantes y profundos cambios introducidos en poco tiempo en el área preconcursal y concursal. 

Video integro del evento “Retos del modelo concursal”

Jornada virtual en abierto: Retos del modelo concursal en España

El próximo 9 de septiembre de 10:00 a 11:30, celebraremos junto al Registro de Expertos en Economía Forense del Consejo General de Economistas la jornada virtual “Retos del modelo concursal español” con la participación entre otros de Ángel de la Fuente Moreno y Benito Arruñada.

Directo

Presentación

La crisis provocada por la pandemia ha producido, entre otras consecuencias, un vuelco en materia de insolvencias empresariales. En un contexto de cambio en el ámbito concursal generado fundamentalmente por la adaptación de nuestro ordenamiento jurídico a la Directiva de Insolvencia, cabe ahora preguntarse qué modelo necesita nuestro país para ayudar a la empresas viables a
reflotarse y evitar, en la medida de lo posible, que acaben en liquidación.

Esta sesión tiene por objeto reflexionar sobre los retos de nuestro país –a medio y largo plazo– en el ámbito concursal. Para ello, hemos estimado conveniente enfocar esta jornada desde diferentes puntos de vista: académico, judicial, profesional e internacional, con objeto de poder obtener una visión panorámica que permita alumbrar una serie de ideas que sean de utilidad a los poderes públicos para la toma de decisiones, y a la sociedad en general.

Acceso a la sesión

Retransmisión en directo por YouTube.

Programa

10:00 INAUGURACIÓN DE LA JORNADA
Valentín Pich. Presidente del Consejo General de Economistas de España (CGE).
Ángel de la Fuente. Director de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea).

Presentación de Ángel de la Fuente: “Sobre el anteproyecto de ley de reforma concursal”

10:10 “Derecho concursal español y claves para reorientarlo de cara a la recuperación”
Benito Arruñada. Catedrático de Organización de Empresas de la Universidad Pompeu Fabra y colaborador de Fedea.

10:30 “La visión de los jueces ante la reforma concursal (el papel que estos juegan y el que deberían jugar)”
José María Fernández Seijo. Magistrado de lo Mercantil, Barcelona.

10:50 “Tratamiento del ámbito de las insolvencias desde el punto de vista de un profesional económico”
Xavier Domènech. Administrador concursal y experto en reestructuración, miembro del Consejo Directivo del Registro de Economistas Forenses (REFOR-CGE).

11:10 “La necesaria visión internacional concursal: experiencias realizadas en otros países que podrían ayudar para el caso español”
Rubén García Quismondo. Administrador concursal en España y Reino Unido. Miembro del REFOR-CGE.

11:30 “Conclusiones de la Jornada”
Juan Carlos Robles. Presidente del Registro de Economistas Forenses (REFOR-CGE).

11:35 FIN DE LA JORNADA

Boletín nº 11 de seguimiento de los aspectos económicos de la crisis del Covid

Fedea ve signos claros de reactivación económica pero también riesgos importantes a medio plazo y pide una revisión de algunos aspectos de la política económica y de los planes de reforma, especialmente en materia laboral y de pensiones.

Fedea publica hoy un nuevo boletín de seguimiento de la crisis del Covid. En él se incluyen las secciones ya habituales y una tribuna invitada firmada por Raquel Sebastián (UCM) dedicada a la relación entre cambio tecnológico y Covid-19.

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La reforma del derecho concursal

Fedea publica hoy un trabajo de Benito Arruñada (Universidad Pompeu Fabra) en el que se analiza el derecho concursal español y se proponen varias claves para su reforma

El trabajo critica el excesivo protagonismo judicial y la presencia de reglas que, ex post y en un intento de favorecer la continuidad empresarial, resultan favorables al deudor. Sin embargo, de hecho, a menudo estas reglas sólo logran retrasar la liquidación de empresas inviables. Como consecuencia, todos los participantes en la empresa (incluidos los propios deudores que, de otro modo, habrían de pagar más o no podrían acceder al crédito) tienen interés ex ante en estructurar sus transacciones de tal modo que eviten en el futuro su recurso al derecho concursal. 

Sobre esta base, el trabajo defiende la conveniencia de equilibrar el proceso concursal, aumentando los derechos de decisión de los acreedores, y de practicar una mayor contención normativa y judicial, contención que, al tener en cuenta no sólo las ventajas comparativas sino también las limitaciones que sufren leyes y jueces, permitiría una interacción más fructífera del ordenamiento público con las soluciones privadas que, en ejercicio de la libertad contractual, disponen los participantes en la empresa.

Esta mayor contención de la intervención pública habría de concretarse en:

  1. aliviar el reglamentismo procedimental;
  2. adaptar las atribuciones judiciales (en especial, en lo relativo a la discrecionalidad de hecho para hacer cumplir o no acuerdos y convenios);
  3. atribuir más derechos de decisión a los acreedores (sobre todo, en materia de venta de unidades de negocio y cese de administradores); y
  4. suprimir el privilegio de los créditos públicos o, al menos, condicionar dicho privilegio a su previa publicidad.

Cuando esto se escribe, pende sobre el sistema concursal la trasposición de la Directiva 2019/1023, así como el ingente número de insolvencias causadas por la pandemia del COVID-19. Se trata de un doble desafío al que, con su actual orientación, dicho sistema difícilmente podrá responder con eficacia. Por ello mismo, la crisis abre una oportunidad para, más que reformarlo, reorientarlo en la dirección propuesta, coincidente, por lo demás, con las exitosas reformas que afectaron en 2014 a los acuerdos de refinanciación. 

Documento completo

Arruñada, B. (2021). “Interpretación positiva del derecho concursal español y propuestas para una reforma equilibrada”. FEDEA Policy Papers no. 2021-08, Madrid.

El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia: un resumen anotado

A principios del pasado mes de mayo, el Gobierno español hizo públicos los detalles del llamado Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (de aquí en adelante, el Plan) que acababa de enviar a la Comisión Europea para su análisis y posible aprobación. La documentación sobre el Plan que está disponible en la página web de Moncloa[1], incluyendo el documento principal, sus anexos y fichas detalladas para cada uno de sus 30 “componentes”, ocupa unos 3.000 folios de difícil digestión para el lector medio, tanto por su extensión como por el lenguaje en el que están escritos.

Buscando hacer más accesible este material a un público general, la comisión del Grupo de Trabajo Mixto Covid-19 (GTMC)[2] dedicada al seguimiento del Plan ha elaborado el documento que hoy publica Fedea. En él se ofrece un desglose detallado del gasto previsto en el Plan y una serie de treinta fichas breves que describen los citados componentes en un lenguaje que busca ser accesible para el no especialista. Cada ficha tiene dos partes. La primera contiene un breve resumen de las principales inversiones y reformas normativas que se proponen dentro de cada componente. La segunda recoge comentarios valorativos, dudas y otras observaciones, también de forma muy sintética. Estas observaciones reflejan la primera reacción de los integrantes del GTMC que han analizado cada uno de los componentes del Plan y, en consecuencia, pueden contener opiniones dispares. Nuestra esperanza es que, junto con el componente descriptivo de las fichas, estos comentarios ayuden a estimular una discusión informada sobre un documento de indudable importancia para el futuro económico de nuestro país.

Al presente documento le seguirá en unas semanas un segundo informe del GTMC en el que se presentará una valoración general del Plan y algunas sugerencias sobre su diseño y puesta en práctica

Documento completo:

de la Fuente, A., M. Fernández, D. Rodríguez y otros (2021). “El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia:un resumen anotado.” Informes y papeles del Grupo de Trabajo Mixto Covid-19. FEDEA, Estudios sobre Economía Española no. 2021-22. Madrid.


[1] Véase https://www.lamoncloa.gob.es/presidente/actividades/Paginas/2020/espana-puede.aspx.

[2] El GTMC es un grupo de más de 130 profesionales de sectores muy diversos creado para reflexionar conjuntamente sobre la mejor forma de hacer frente a las consecuencias económicas y sociales de la crisis del Covid. Desde el pasado mes de junio, el Grupo de Trabajo ha ido publicando una serie de informes que pueden encontrarse aquí: https://www.fedea.net/tag/gtmc/

Umbrales y excepciones como fallo regulatorio

Umbrales y excepciones como fallo regulatorio

Llama la atención el número desproporcionado de empresas españolas que tienen exactamente 49 empleados, un 62% más del número que cabría esperar. La razón primordial de esta anomalía es que estas empresas intentan evitar una parte de las reglas sobre representación laboral, beneficiándose así de la excepción que disfrutan las empresas de menor tamaño.

Argumentaré en este capítulo que, en general, debemos considerar que muchas excepciones regulatorias, mediante las cuales el legislador excluye del ámbito de aplicación de la ley a todo un segmento del mercado (el caso, por ejemplo, del servicio doméstico respecto al mercado laboral, caso que analizaré en el apartado 4.1) o incluye sólo a ciertos operadores (las empresas de mayor tamaño o los propietarios de un cierto número mínimo de viviendas) no obedecen a que la aplicación de tales reglas sea más costosa o menos beneficiosa socialmente para las empresas excluidas sino a que la excepción legal aumenta el apoyo político de las reglas correspondientes o reduce la posible oposición a las mismas.

Por un lado, los costes de cumplimiento son a menudo contratables y, por tanto, no ofrecen economías de escala suficientemente significativas; mientras que los beneficios pueden incluso ser mayores en las empresas excluidas. Por otro lado, lo que sí logran las excepciones es distorsionar el proceso político de decisión cuando los beneficiarios pierden interés en entender y frenar la propuesta regulatoria o incluso obtienen una ventaja si las reglas se aplican sólo a sus competidores. En consecuencia, más que ver los umbrales como consecuencia de cómo varían con el tamaño o tipo de empresas los costes y beneficios del cumplimiento legal, convendría prestar atención a la lógica puramente política de las excepciones que tales umbrales y excepciones comportan. La regulación pretende corregir fallos del mercado, pero la presencia de excepciones bien podría indicar que en realidad obedece a un fallo de la política.

Documento completo

Arruñada, B. (2021). “Umbrales y excepciones como fallo regulatorio” FEDEA, Estudios de Economía Española no. 2021-20.

La Innovación y la I+D españolas en 2019 y su comparación internacional.

Fedea publica hoy su habitual informe sobre la situación de la innovación y la I+D en España, elaborado por Juan Mulet y referido al año 2019, cuyos datos se han publicado recientemente. Estos datos todavía no reflejan las consecuencias de la Covid 19  que, según los expertos, serán importantes en todo el mundo y también en España. Se aventura que algunas serán positivas y muchas otras negativas. En nuestro país la más positiva es que se detecta en la sociedad una mejor comprensión de lo que la Ciencia y la Tecnología aportan al bienestar social y económico. Si bien una parte importante de la sociedad española era ya consciente de la desindustrialización y de la escasa atención a la generación de Ciencia y Tecnología, ha sido la pandemia la que ha evidenciado claramente estas dos debilidades nacionales. Sería deseable que tanto las Administraciones como las empresas se hicieran eco de esta mayor sensibilidad social. Por otra parte, se admite que compartiremos las consecuencias negativas con todo el mundo, porque las caídas del PIB van siempre asociadas a menores inversiones, menos colaboración entre empresas o más dificultades para atraer talento. 

Los datos de 2019 confirman la lenta senda de recuperación de los indicadores de I+D e Innovación, que se había iniciado en 2015 y que empezó a recuperar los valores anteriores a la crisis económica en 2018, diez años después de su comienzo. Respecto a los datos de 2018, los nuevos muestran un crecimiento del gasto en I+D del 4,2%, casi dos puntos menos que en los dos años anteriores. El 1,25% del PIB que suponen los 15.572M€ de gasto en I+D en 2019, está todavía muy lejos del 2,2% de la media europea, y su distribución, casi a partes iguales entre el sector público y el privado, continúa siendo anormal entre los países europeos y más cuando se compara con Japón o Corea del Sur, donde el sector privado ejecuta al menos dos tercios del total del gasto del país. 

La I+D empresarial española resiste muy mal las comparaciones internacionales. Los 8.741M€ que gastaron las empresas en I+D supone solamente el 0,7% del PIB, mientras que en Alemania este porcentaje es el 2,15% y en Francia el 1,44%. Las empresas españolas que ejecutaron I+D en el año 2019 fueron en total 11.096, de las cuales 10.006 ocupaban a menos de 250 empleados (pymes) y 1.090 eran grandes. Pero de estas empresas solo 8.477 declaraban realizar I+D de forma continua y se distribuían en 3.920 para el sector industrial y 4.557 para el sector de servicios.  

El reparto de la I+D española entre sus Comunidades Autónomas es muy poco homogénea. Madrid, Cataluña, Andalucía y el País Vasco absorben el 60% del gasto interno total español en I+D, porcentaje que no difiere del reparto de la población española ni del PIB nacional. También hay una gran disparidad del gasto ejecutado por los diferentes sectores empresariales.

Los datos de Innovación de los dos últimos años seguramente reflejan mejor la realidad española que los de los años anteriores, pero esto se debe a que la metodología de la Encuesta ha cambiado y ha conseguido que sus cuestionarios estén más cerca del discurso empresarial y sean más fácilmente cumplimentados.  Así, sin que ocurriera cambio significativo alguno en la economía española, el gasto en Innovación capturado para 2018 fue un 27% superior al de 2017, y en parecida proporción creció el número de empresas que se declaraban innovadoras. Para 2019, el gasto fue de 19.390M€, un 3,75% mayor que el de 2018, lo que es más acorde con la realidad. Las empresas innovadoras en este año fueron 26.724, de las que 24.969 eran pymes. 

El informe de este año también resume la opinión que sobre la innovación española reflejan tres documentos internacionales: el  The Global Competitiveness Report (GCR), del World Economic Forum, el Global Innovation Index (GII)  de INSEAD, Cornell y WIPO y el  European Innovation Scoreboard (EIS) de la Comisión Europea. La pandemia ha hecho que sus ediciones de este año presten menos atención de la habitual a los datos y que se centren en manifestar su impresión sobre los efectos de la Covid 19 en la innovación mundial que, evidentemente, todavía no puede reflejar la información empírica disponible. El GRC no incluye sus habituales Índices, y los EIS y GII calculan para España valores no diferentes de los del año pasado. Los tres documentos resaltan la importancia que la ciencia y la tecnología tendrán en la recuperación post-pandémica y tiene opiniones sensiblemente diferentes sobre lo que ocurrirá en el futuro. EIS es más optimista y confía en que la Unión Europea siga mejorando su implicación en la Innovación. El GII se preocupa por las consecuencias que pueda tener la Covid 19 en la I+D y la Innovación en los países emergentes, pero no descarta que las recientes experiencias de colaboración internacional y de reducción de burocracia impulsadas por la urgencia de la crisis sanitaria pueda tener efectos beneficiosos duraderos. Más pesimista es el documento GCR, que considera que debe aprovecharse la post-pandemia para restructurar la economía mundial. Calcula, con un novedoso método la capacidad de 37 países para asumir esta transformación y su disponibilidad a hacerlo. A España le otorga 40,4 puntos sobre cien cuando analiza su capacidad en materia de innovación y 56,5 puntos para su disponibilidad total. El significado de estos indicadores toma sentido sabiendo que el primero toma el valor 49,2 para Alemania y 50,8 para Francia. La disponibilidad alcanza 62,9 puntos para Alemania y 62,7 para Francia. 

Documento completo

Mulet Meliá, J. (2021). “La Innovación y la I+D españolas en 2019 y su comparación internacional. Una visión basado en las estadísticas del INE para 2019 y en Informes internacionales” FEDEA Estudios sobre la Economía Española no, 2021-15, Madrid.

Décimo boletín de seguimiento de los aspectos económicos de la crisis del Covid

Fedea analiza y valora el decreto de ayudas a empresas y el proyecto del Plan de recuperación, transformación y resiliencia.

Fedea publica hoy un nuevo boletín de seguimiento de la crisis del Covid. En él se incluyen las secciones ya habituales y una tribuna invitada firmada por Mireia Jofre-Bonet (OHE y University of London) que analiza las lecciones que podemos extraer del proceso de vacunación contra el COVID-19.

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¿Cómo ayudar a las empresas en la crisis del Covid?

La prolongación de la crisis sanitaria está generando crecientes dificultades financieras a muchas empresas, cuya gravedad puede exigir su reestructuración e incluso amenazar su continuidad, con el riesgo de que una espiral creciente de cierres origine un efecto “dominó” sobre proveedores, clientes y acreedores. Existen razones tanto de justicia como de eficiencia que pueden hacer aconsejable la intervención pública para hacer frente a esta situación. Dada la desigual distribución de los costes de la pandemia, puede ser deseable que el Estado asuma en primera instancia al menos una parte de ellos para trasladarlos más tarde al conjunto de la sociedad, actuando así como asegurador social de último recurso frente a un shock exógeno. Por otra parte, el cierre de un número elevado de empresas viables generaría costes importantes: aunque sus activos, incluyendo el capital humano, terminen finalmente en otras manos que reemprendan la actividad más adelante o inicien otra distinta, esto llevará su tiempo, con la consiguiente pérdida de empleo y producción, y parte de su capital intangible se perdería por el camino. 

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Solvencia empresarial y derecho concursal: algunas reflexiones a la luz del Covid

Fedea publica hoy un documento en el que se reúnen algunas aportaciones a la reflexión en curso dentro de la comisión de solvencia empresarial y derecho concursal del Grupo de Trabajo Mixto Covid-19 (GTMC) sobre posibles formas de mitigar el impacto de la pandemia sobre el tejido empresarial español.

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Economía de la Empresa y Organización Industrial

Estos trabajos han sido patrocinados parcialmente por la Cátedra de Investigación “Cátedra Popular Empresas”

Banco Popular

Las opiniones recogidas en estos documentos son las de sus autores y no coinciden necesariamente con las de FEDEA.