Hacienda Pública y Distribución de la Renta

Fedea publica hoy el cuarto boletín de seguimiento de la crisis del Covid. Como es habitual, el informe recopila una batería de indicadores que facilita el seguimiento de los efectos de la pandemia sobre la actividad económica y las cuentas públicas,  analiza y valora las principales medidas económicas que se han tomado en relación con ella y contiene un detallado análisis de la evolución del mercado de trabajo en las últimas semanas.

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Nuestra batería de indicadores muestra ya de forma cada vez más clara los efectos de la pandemia sobre las cuentas públicas, registrándose una fuerte caída de la recaudación tributaria y un significativo aumento del gasto. Por otra parte, comienza a observarse una cierta recuperación de la actividad y el empleo, aunque manteniéndose todavía en niveles extremadamente bajos. La tasa de paro efectiva, que incluye el paro registrado, los trabajadores afectados por ERTEs y los beneficiarios de la prestación extraordinaria por cese de actividad, se ha reducido en cinco puntos para alcanzar el 31% al cierre de junio, gracias fundamentalmente a la reincorporación a sus puestos de trabajo de más de un millón de trabajadores afectados por ERTEs. El número de contratos creció en junio un 36% y el gasto final de los consumidores por medios electrónicos, que llegó a caer un 60% hacia mediados de abril, ha regresado a la normalidad a finales de junio.

La recuperación del consumo refleja también una cierta normalización de la vida cotidiana, aunque sea en condiciones muy distintas de las existentes hasta hace unos meses. Tras superar la emergencia sanitaria, durante el mes de junio se ha puesto fin al estado de alarma y se ha completado el proceso de “desescalada”, de forma que toda España está ya en la llamada “nueva normalidad,” sin restricciones a la movilidad ni cierres forzosos de actividades (con excepciones puntuales relacionadas con el control de rebrotes locales) pero manteniendo todavía numerosas medidas preventivas. Aunque algunas de estas medidas dificultan la actividad económica, estamos entrando en una nueva etapa de reactivación que exigirá un reajuste de las políticas públicas. En materia de política económica se trata ahora de ir reduciendo gradualmente las medidas extraordinarias de protección a trabajadores y empresas a la vez que se introducen estímulos que contribuyan a la vuelta a la actividad, así como de establecer mecanismos que ayuden a evitar el cierre de empresas viables sin obstaculizar la necesaria reasignación de recursos hacia las actividades y empresas con mejores perspectivas.

Muchas de las medidas adoptadas por el Gobierno en las últimas semanas reflejan el necesario cambio de prioridades y comienzan a poner el foco en la reactivación, aunque no siempre se orientan a facilitar los necesarios ajustes. Una de las actuaciones más importantes ha sido la nueva extensión de los ERTEs por fuerza mayor ligados al Covid hasta el 30 de septiembre. El Real Decreto-ley que regula esta prórroga busca, con buen criterio, facilitar la conversión de los ERTE por fuerza mayor en ordinarios, así como incentivar la reincorporación al trabajo de las plantillas de las empresas afectadas. Hubiera sido deseable que el decreto estableciera una estrategia clara a más largo plazo en relación con los ERTE y que recogiese explícitamente la posibilidad de desafectar y reafectar trabajadores a estos expedientes en función de la evolución de la actividad de cada empresa. Quizás el principal problema es que el Gobierno sigue sin dar una salida razonable a las empresas cuya situación económica o perspectivas futuras se han deteriorado de tal manera que la reincorporación de toda su plantilla no resulta viable. La vía del despido procedente por causas derivadas de la crisis del Covid-19 sigue cerrada y las empresas que no cumplan con el compromiso de mantenimiento del empleo por seis meses tendrán que devolver todas las exoneraciones de las cuotas sociales, salvo que estén al borde del concurso de acreedores, momento en el que podría ser ya demasiado tarde para resolver la situación.

Otro bloque importante de medidas recientes se ha centrado en el apoyo a las empresas a través de la creación de una nueva línea de avales para financiar proyectos de inversión y de un fondo de apoyo a la solvencia que permitirá tomar participaciones públicas de carácter temporal en empresas consideradas estratégicas, así como mediante la concesión de algunas ayudas que se insertarán en planes más amplios de apoyo a determinados sectores. Ayudas de este tipo pueden contribuir a la recuperación de la actividad y a la preservación del tejido empresarial, ayudando a evitar la desaparición de empresas viables a largo plazo. No obstante, no está claro que en las nuevas líneas de avales convenga dar prioridad, como se pretende, a proyectos de digitalización y energías renovables que en muchos casos podrían financiarse en condiciones de mercado y/o con fondos europeos. El buen uso de estos últimos es fundamental y para ello convendría comenzar a trabajar lo antes posible en colaboración con los sectores en la preparación de proyectos de calidad y financieramente rentables.

Por otra parte, convendría empezar a pensar en cómo adaptar las líneas de financiación ya existentes a las diferentes necesidades de los sectores, en particular en lo que respecta al ritmo de recuperación de su demanda, y en qué hacer con aquellas empresas beneficiarias de tales líneas que puedan tener dificultades para devolver los préstamos recibidos. El objetivo general tendría que ser evitar la desaparición de las empresas que sean viables y acometer una liquidación ordenada de las que no lo sean. En el caso de grandes empresas de interés estratégico, el nuevo Fondo de apoyo a la solvencia permite la intervención directa del Estado. Para el resto, cabría considerar la introducción de quitas a posteriori en los préstamos con garantías públicas o el establecimiento de mecanismos concursales especiales que permitan una reestructuración rápida de la deuda. En ambos casos, será crucial acertar en la elección de mecanismos o criterios que permitan identificar correctamente a las empresas con mejores posibilidades a medio y largo plazo.

En nuestro análisis del mercado de trabajo prestamos una atención especial a la evolución tendencial y estacional del empleo en comparación con años recientes, intentando adelantar el posible comportamiento de la afiliación en la segunda parte del año. Con los datos disponibles, y siempre que no se produzca un empeoramiento de la situación sanitaria en el otoño, la desviación de la senda de crecimiento seguida en años recientes estaría en torno a 1,25 millones de empleos de aquí a finales de año. En cualquier caso, lo que ocurra en los próximos meses dependerá sobre todo de cómo evolucionen las tasas de reincorporación de los trabajadores protegidos por ERTE. Gran parte de las empresas que siguen con ERTE están en actividades que suelen tener un comportamiento negativo del empleo en la segunda parte del año. Parte de este ajuste ya se ha producido en meses anteriores con la congelación de las contrataciones, pero no deja de preocupar la posibilidad de que una fracción importante de estas empresas tengan que realizar nuevos ajustes cuando finalice la vigencia de los ERTE.

Documento completo

Felgueroso, F., A. de la Fuente y M. Jansen (2020). “Aspectos económicos de la crisis del Covid-19. Boletín de seguimiento no. 4.” FEDEA, Estudios sobre Economía Española no. 2020-19, Madrid.

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