Hacienda Pública y Distribución de la Renta

Este nuevo informe del GTMC analiza las medidas adoptadas para paliar los efectos de la crisis del Covid sobre los hogares más vulnerables, distinguiendo entre ayudas indirectas para necesidades básicas por un lado y el ingreso mínimo vital (IMV) por otro. Ambos grupos de medidas se valoran positivamente pero se aportan recomendaciones para mejorarlas. Entre ellas destacan la necesidad de introducir incentivos al trabajo en el IMV y de involucrar activamente a las CCAA en su gestión, así como la conveniencia de establecer criterios universales y uniformes para las garantías de suministros básicos.

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Fedea publica hoy el informe de la Comisión de medidas de protección a colectivos vulnerables del Grupo de Trabajo Mixto Covid-19 (GTMC), coordinada por José Ignacio Conde-Ruiz (FEDEA y Universidad Complutense de Madrid). El documento analiza las medidas adoptadas en este ámbito durante la actual crisis sanitaria, con especial atención al Ingreso Mínimo Vital (IMV).

Muchas de las medidas adoptadas para paliar los efectos de la crisis del Covid sobre los hogares más vulnerables han sido de carácter indirecto, tomando la forma de garantías de disponibilidad para los suministros básicos y facilidades para cubrir los costes de la vivienda, en alquiler o en propiedad. Así, durante el estado de alarma se ha prohibido suspender por impago u otros motivos los suministros de electricidad, gas, agua y telecomunicaciones, primero a consumidores vulnerables y después a la residencia habitual de todas las personas físicas y se ha ampliado el bono social para el consumo eléctrico a nuevos colectivos. También se ha introducido una moratoria automática en el pago de las cuotas hipotecarias, inicialmente para la vivienda habitual pero extendida después a otros supuestos, así como ayudas a inquilinos vulnerables y otras medidas para facilitar el aplazamiento del pago de alquileres y se han suspendido los desahucios de las personas que carecen de una alternativa habitacional. 

Los autores del informe valoran positivamente estas medidas pero identifican algunas carencias y problemas y avanzan propuestas para solventarlos. El primer problema tiene que ver con la existencia de retrasos significativos en la concesión y cobro de algunas ayudas. Para paliar sus efectos, proponen dar carácter retroactivo a las ayudas desde la fecha de su solicitud y agilizar su gestión de cara al futuro, simplificando los trámites necesarios y reforzando las unidades encargadas de administrarlas. Por otra parte, consideran que la prohibición de cortes de suministro no soluciona el problema de base y piden ayudas que cubran el gasto generado durante la pandemia. Finalmente, consideran que debería existir un criterio universal, objetivo y uniforme para garantizar los suministros básicos a los colectivos en situación de vulnerabilidad.

En cuanto al IMV, se trata de una nueva prestación no contributiva de la Seguridad Social que garantiza una renta mínima para cubrir las necesidades básicas de los hogares, calculada con criterios uniformes en toda España, a la que se pueden añadir complementos autonómicos. La introducción del IMV se considera necesaria para completar la red de seguridad económica de nuestro país, poniendo fin a una de sus principales deficiencias mediante la introducción de una ayuda de cierre llamada a convertirse en la principal herramienta de lucha contra la pobreza persistente y especialmente contra la pobreza infantil. El informe identifica dos aspectos del diseño de la prestación que deberían mejorarse en el futuro. Por un lado, sería conveniente involucrar más activamente a las CCAA en su gestión y en la de las medidas de inserción laboral que han de acompañarla. Y por otro, se considera fundamental la introducción de incentivos a la búsqueda de empleo.

Documento completo

Conde-Ruiz, J. I. (coordinador) y otros (2020). “Informe sobre las medidas de protección a los colectivos vulnerables durante la crisis del Covid-19”. FEDEA Policy Papers no. 2020-13, Madrid.    

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