Infraestructuras

Es necesario establecer mecanismos que hagan posible una planificación integral de las infraestructuras, con una visión de conjunto y no unimodal, así como la selección de proyectos en base a una evaluación rigurosa de sus costes y beneficios sociales.

Se aboga por poner más énfasis en el mantenimiento de las redes ya existentes y por una política de financiación y tarificación basada en el pago por uso y la corrección de externalidades.

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Fedea publica hoy un trabajo de Ginés de Rus (ULPGC y Fedea) y Ángel de la Fuente (Fedea e IAE-CSIC) en el que se avanzan algunas propuestas para revisar la política de infraestructuras española con el fin de mejorar su efectividad.

Los autores sostienen que la política de infraestructuras que han seguido los gobiernos españoles durante las últimas décadas presenta carencias y desequilibrios importantes que, en buena parte, tienen su origen inmediato en la falta de planificación y en la desatención a los criterios económicos en beneficio de la rentabilidad política a la hora de seleccionar los proyectos a realizar. El resultado de estos déficits ha sido una política disfuncional, caracterizada por llamativos contrastes entre unos equipamientos y otros. Hemos invertido enormes cantidades de recursos en la construcción de infraestructuras punteras que a menudo resultan redundantes o excesivas en relación con las necesidades existentes a la vez que tenemos déficits de equipamientos necesarios en otras áreas y descuidamos el mantenimiento de redes esenciales de transporte o de distribución y depuración de aguas.

Para corregir estos problemas, en el trabajo se avanzan algunas propuestas que afectarían a la estructura de gobernanza que ha de diseñar y ejecutar la política de infraestructuras y otras tienen que ver con las prioridades a perseguir y con posibles formas de abordar cuestiones más concretas. En relación con la estructura de gobernanza, se considera necesario establecer unidades de planificación que trabajen con una perspectiva global en vez de modal, así como una agencia independiente de evaluación que sirva de filtro para asegurar que sólo se llevan a cabo proyectos que superen un umbral mínimo de rentabilidad social. También se propone una reforma del sistema de participación privada con el fin de establecer un reparto más eficiente de riesgos entre el Estado y las empresas concesionarias que genere los incentivos correctos para seleccionar los mejores proyectos y minimizar sus costes totales.

En materia de prioridades, se propone prestar una mayor atención al mantenimiento frente a la construcción de obra nueva. Puesto que nuestras dotaciones de muchas infraestructuras son ya suficientes para cubrir el grueso de las necesidades existentes, una de las grandes prioridades ha de ser el diseño de mecanismos eficientes para la financiación de sus necesidades de mantenimiento. En términos generales, esto exige la introducción de tarifas y peajes que reflejen los costes reales de los servicios, incluyendo tanto sus costes directos como las externalidades que generan. Estos mecanismos de financiación permiten cargar los costes de las infraestructuras a sus beneficiarios directos, haciéndolo además en proporción a su uso, y obligan a estos agentes a internalizar los costes y beneficios externos de sus actuaciones.

Documento completo

de Rus, G. y A. de la Fuente (2020). “Algunas propuestas para una revisión de la política de infraestructuras.” FEDEA Policy Papers no. 2020-17, Madrid.

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