Economía Regional y Urbana

Fedea publica hoy el sexto boletín de seguimiento de la crisis del Covid. Como es habitual, el informe analiza la evolución del nivel de actividad por sectores y regiones y los efectos de la pandemia sobre las cuentas públicas (descargar datos), analiza y valora las principales medidas económicas que se han tomado en relación con ella y contiene un detallado análisis de la evolución del mercado de trabajo en las últimas semanas. En este número se incluye también una tribuna invitada firmada por Juan Carlos Conesa, Gonzalo Fernández de Córdoba y Tim Kehoe.

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El proceso de recuperación comentado en Boletines anteriores ha continuado en los últimos meses y ha comenzado a traducirse durante el verano en una reducción del gasto en prestaciones por desempleo y una mejora de los ingresos por impuestos y cotizaciones, mitigando así en alguna medida el impacto de la crisis sobre las cuentas públicas.

Por otra parte, el ritmo de la recuperación ha ido ralentizándose en las últimas semanas, especialmente en lo que respecta a la reincorporación de los trabajadores incluidos en ERTEs. Las ramas productivas y los territorios más afectados se han estancado o incluso retrocedido en septiembre.

Al mismo tiempo, incluso las actividades que se vieron menos afectadas en el peor momento de la crisis y/o las que primero se han recuperado muestran una preocupante tendencia a estabilizarse en niveles inferiores a su empleo pre-pandemia. A la ralentización de la recuperación en los dos últimos meses han contribuido el rebote de la tasa de contagios que se inició en julio y las restricciones a los viajes a España impuestas a partir de ese momento por algunos importantes países emisores de turistas. Aunque la temporada alta del turismo ya está concluyendo (excepto en Canarias), el agravamiento de la situación sanitaria que estamos experimentando con la llegada del otoño hace temer que el proceso de recuperación pueda seguir ralentizándose en los próximos meses, o incluso llegue a invertirse.

En relación con las medidas adoptadas contra la crisis, una de las principales novedades desde la publicación del anterior Boletín ha sido la firma de un nuevo acuerdo con los agentes sociales para la extensión de los ERTEs por fuerza mayor hasta finales de enero, concentrando sin embargo el grueso de las exoneraciones de cuotas sociales en determinados grupos de empresas especialmente afectadas por la crisis. Valoramos positivamente el decreto en el que se ha plasmado el acuerdo, excepto en lo que respecta a la prórroga de la prohibición de despido por causas objetivas y de los compromisos de mantenimiento del empleo, que pueden comprometer la viabilidad de numerosas empresas que no están en condiciones de recuperar y mantener a toda su plantilla pre-Covid.

La otra gran novedad ha sido la publicación de las grandes líneas del Plan de Recuperación y Resiliencia (PRR) que el Gobierno español ha de presentar a la UE para optar a las ayudas del Fondo de Recuperación. El grueso del documento se dedica a describir las grandes líneas de actuación del PRR, manteniéndose en un plano muy general: se identifican áreas de interés y grandes objetivos pero, con algunas excepciones, no se describen las actuaciones concretas o la forma que tomarían las ayudas con las que se espera alcanzar esos objetivos.

Un aspecto del borrador que resulta preocupante es la falta de mención explícita a los mecanismos y criterios de evaluación y selección de proyectos. Aunque es cierto que habrá que actuar con premura, sería necesario contar con un filtro, idealmente independiente, que garantice que los proyectos seleccionados cumplen unos estándares mínimos, lo que también facilitará su aprobación por las instituciones europeas.

El Gobierno es consciente de que los plazos de concesión y ejecución de las ayudas europeas son cortos y actúa con previsión al poner en marcha algunas actuaciones que pueden ayudar a agilizar la implementación del PRR. Una de ellas es la disposición a avanzar a través de los Presupuestos Generales del Estado los fondos necesarios para poner rápidamente en marcha los proyectos seleccionados, lo que será especialmente importante si la aprobación de las ayudas se retrasa algunos meses, como podría suceder. Otra actuación importante es la preparación de un decreto que busca eliminar posibles “cuellos de botella” legales para una gestión ágil de los proyectos del Plan.

Más discutible que las dos iniciativas citadas en el párrafo anterior es la idea del Gobierno de concentrarse primero en las subvenciones no retornables, dejando los préstamos para una segunda etapa en el caso de que hicieran falta recursos adicionales a partir de 2023 para completar algunos proyectos. Un problema es que el límite de 2023 se aplica también a la concesión de los préstamos, lo que limita el margen de maniobra en este sentido. Pero en cualquier caso, no parece buena idea ligar las decisiones sobre el timing de los proyectos con su forma de financiación.

Una reflexión final. Las ayudas al sector privado con un encaje más natural en el PRR, como pueden ser las destinadas a fomentar la inversión en energías renovables o tecnologías digitales, no parecen el instrumento más adecuado para lidiar con los problemas de sectores como el turismo o la restauración, en los que la primera prioridad es sobrevivir a un período prolongado de cierre o de fuertes restricciones a la actividad por motivos sanitarios.

Para facilitar la supervivencia de muchas empresas y negocios que serán perfectamente viables una vez consigamos superar la pandemia, lo esencial es buscar fórmulas que permitan cubrir sus costes fijos durante un período prolongado de inactividad, lo que exige alguna combinación de ayudas a fondo perdido e inyecciones de capital.

En este contexto, convendría investigar el posible encaje de este tipo de ayudas en el Fondo de Recuperación o en otros programas europeos y buscar nuevas fórmulas para reforzar la capitalización de las empresas, especialmente las de menor tamaño.  Un informe británico sobre el tema (Ali y otros, 2020) aporta algunas propuestas interesantes para facilitar la supervivencia de empresas viables y reducir el coste de las ayudas para el contribuyente que podrían adaptarse al caso español. Entre ellas destaca la propuesta de permitir la devolución de parte de los préstamos con garantía pública a través de un recargo en los impuestos sobre beneficios futuros, posiblemente una vez que estos superen un cierto umbral.

El análisis detallado del mercado de trabajo con el que concluye el Boletín revela que este sigue funcionando a medio gas en comparación con años recientes. La reactivación de los trabajadores en ERTE se ha frenado, las altas y bajas de afiliación y las contrataciones no llegaron en septiembre al 80% de las registradas en el mismo mes de 2019. La caída del paro, tan inusual en el mes de septiembre, se explica por los menores flujos de entrada como resultado de la congelación de la contratación temporal de corta y media duración en primavera y su escasa recuperación en verano. Por otra parte, en septiembre se ha acelerado el crecimiento del paro de larga duración, que no ha cesado de aumentar desde el inicio de la pandemia.

Documento completo

Florentino Felgueroso y Ángel de la Fuente (coordinadores), y Marcel Jansen (2020). “Aspectos económicos de la crisis del Covid–19. Boletín de seguimiento no. 6”. FEDEA, Estudios sobre la economía española 2020-30. Madrid.

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