Hacienda Pública y Distribución de la Renta

Fedea publica hoy el séptimo boletín de seguimiento de la crisis del Covid. Como es habitual, el informe analiza la evolución del nivel de actividad por sectores y regiones y los efectos de la pandemia sobre las cuentas públicas, describe y valora las principales medidas económicas que se han tomado en relación con ella y contiene un detallado análisis de la evolución del mercado de trabajo en las últimas semanas. En este número se incluye también una tribuna invitada firmada por Beatriz Gonzalez López-Valcarcel, de la ULPGC.

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Los datos del mes de octubre confirman una cierta ralentización de la recuperación económica con la llegada de la segunda ola de la pandemia. Se observa un estancamiento o incluso a un ligero retroceso del empleo efectivo debido a una menor salida de trabajadores de los ERTE y al aumento de las prestaciones por cese de actividad y del paro registrado, que se traslada a nuestras estimaciones de PIB regional. Como ya sucedió en septiembre, la ralentización ha sido más intensa en los sectores más afectados por la pandemia, en particular la hostelería y el entretenimiento, así como en las regiones insulares, especialmente Baleares, por su elevada dependencia del turismo. La tasa de paro efectiva nacional se ha incrementado en dos décimas de punto durante octubre hasta situarse a final de mes en el 20,4%.  

En materia de política económica, la principal novedad desde la publicación del Boletín anterior ha sido la aprobación del Proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2021. En el proyecto se comienza a concretar los planes del Gobierno para la utilización de las ayudas europeas canalizadas a través del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) y de la iniciativa REACT-EU. Se ha optado por integrar el grueso de estas actuaciones en los PGE a través de una serie de programas específicos de gasto gestionados por los distintos ministerios. La dotación total de estos programas asciende a unos 26.600 millones de euros, de los que 24.200 provendrían del MRR. Los ingresos previstos en los PGE por anticipos de estos mecanismos, sin embargo, ascienden a sólo unos 6.800 millones. Así pues, las actuaciones previstas para 2021 con cargo a las ayudas de recuperación europeas se financiarán fundamentalmente con recursos adelantados por el Gobierno español para facilitar su puesta en marcha, que se irán recuperando posteriormente según se vayan ejecutando y certificando los proyectos correspondientes.

Esta forma de proceder presenta tanto ventajas como inconvenientes. Trabajar con la maquinaria de los Ministerios, en vez de a través de una agencia o estructura ad-hoc de nueva creación, puede ayudar a agilizar la tramitación y puesta en marcha de las actuaciones previstas, lo que es particularmente importante dado lo ajustado de los plazos. Por otra parte, la dispersión de la gestión entre numerosas unidades administrativas tenderá a hacer que los fondos europeos se perciban como un complemento de los presupuestos ordinarios de los distintos departamentos, con lo que podría perderse la visión de conjunto y reducirse la coherencia entre las distintas actuaciones, así como dificultarse la reasignación de fondos entre partidas, si así lo aconsejara la situación. A esto hay que añadir que seguimos sin tener demasiados detalles sobre los criterios y procedimientos de selección y seguimiento de los proyectos o sobre los mecanismos de colaboración con el sector privado de cara al diseño de los distintos programas.

En la sección 5 se presenta un desglose tan detallado como ha sido posible de los usos previstos de los Fondos europeos incluidos en los PGE. Las dos partidas más importantes se destinan al impulso de la transición energética y la digitalización. En la primera, dotada con algo más de 7.000 millones de euros, el grueso de los fondos se destina al fomento de las energías renovables, pero se recogen también casi 1.800 millones de euros para la rehabilitación energética de viviendas y otros edificios. A estas partidas habría que sumar también una parte significativa de los fondos para I+D, que también se dedicarían a temas energéticos. Por su parte, la digitalización absorbe unos 5.000 millones en ayudas horizontales y partidas destinadas a la modernización del sector público, a lo que habría que añadir buena parte de las ayudas a sectores específicos. La tercera partida en importancia se destina al reforzamiento del sistema sanitario y la protección social y la cuarta a educación, investigación y fomento del empleo. Finalmente, se incluyen unos 2.300 millones para infraestructuras tradicionales de transporte, con énfasis en el ferrocarril, alrededor de 1.200 para protección medioambiental y en torno a 400 para infraestructuras hidráulicas.

Los PGE recogen, por tanto, un amplio espectro de actuaciones con un fuerte énfasis en lo verde y lo digital, pero con espacio también para la protección social y las infraestructuras más tradicionales. Como ya indicábamos en el anterior Boletín, se echa de menos (aquí o más generalmente en los PGE), una partida destinada a la recapitalización de o ayudas a fondo perdido a empresas viables en los sectores más afectados por la crisis que ayude a preservar un tejido productivo esencial durante un período de baja actividad que será largo. Sorprende también la reducida inversión asignada a las infraestructuras hidráulicas, que deberían ser una de las prioridades del Plan dado su deficiente mantenimiento y su importancia de cara a la lucha contra las secuelas del cambio climático. Por otra parte, muchas de las inversiones necesarias en este ámbito deberían financiarse con préstamos a devolver por sus beneficiarios a través de mayores cargos o tasas, en vez de con las ayudas no retornables a las que por el momento se está restringiendo el Gobierno español. Finalmente, también sería deseable una mayor atención a la educación, incluyendo las universidades, no sólo en términos de su dotación presupuestaria sino también, y sobre todo, en cuanto a la adopción de reformas que ayuden a mejorar la calidad del sistema y su imbricación con el sector productivo.El análisis detallado del mercado de trabajo con el que concluye el Boletín revela variaciones muy favorables del empleo y el paro desde el comienzo del verano. No obstante, los indicadores dinámicos muestran que el mercado de trabajo no ha funcionado a pleno gas durante este período. Los flujos de entrada y salida del paro y del empleo se situaron por debajo del 80% de los valores registrados en años recientes.  Además, el paro de larga duración no ha cesado de crecer, alcanzando el 32% de los parados registrados. La cobertura de las prestaciones por desempleo, por su parte, ha aumentado en los últimos trimestres, aunque sigue siendo inferior a la registrada durante la Gran Recesión, 2008-2013. Finalmente, encontramos que los trabajadores inmigrantes vuelven a ser los más perjudicados por la crisis– en especial las mujeres extranjeras, que han visto aumentar su tasa de paro en unos 7 puntos porcentuales.

Documento completo

Felgueroso, F. y A. de la Fuente (2020). “Aspectos económicos de la crisis del Covid-19. Boletín de seguimiento no. 7.” FEDEA, Estudios sobre Economía Española no. 2020-XX, Madrid. 

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