La Unión Europea ha reaccionado a la crisis del covid19 con medidas muy importantes que incluyen la suspensión de las reglas fiscales para dar más margen de maniobra presupuestaria a los gobiernos nacionales y un programa de compra de activos del BCE dotado con 750.000 millones de euros.
La pieza esencial que falta por diseñar, y sobre la que todavía no hay acuerdo, sería algún mecanismo de respaldo financiero-fiscal que evite que la crisis sanitaria pueda poner en riesgo la moneda única y permita la mutualización de una parte de sus costes.
Fedea publica hoy la primera de una serie de Notas sobre la Agenda Europea que serán preparadas por Eva Valle, exdirectora de la Oficina Económica del Presidente del Gobierno y fundadora de QED Economics.
La nota de hoy analiza las actuaciones tomadas hasta el momento por la Unión Europea para luchar contra la epidemia de coronavirus y mitigar sus efectos económicos y reflexiona sobre las medidas adicionales que podrían ser necesarias para afrontar la crisis de la manera más efectiva posible. La autora argumenta que una reacción rápida y contundente de todas las instituciones europeas, que refuerce y coordine las actuaciones de los Estados Miembros y reparta solidariamente los costes es necesaria para paliar los efectos de la crisis y facilitaría una recuperación rápida. Pero también para reavivar el proyecto europeo y para contribuir a que los ciudadanos recuperen el sentimiento de pertenencia a la Unión tras una Gran Recesión que ha alimentado las posiciones antieuropeas y nacionalistas en toda Europa.
Los pocos datos disponibles hasta el momento y algunos indicadores adelantados apuntan a una fuerte caída de la actividad económica como resultado de la epidemia y las medidas de confinamiento que se están tomando para frenarla. El retroceso de la producción será probablemente superior al registrado en los peores momentos de la Gran Recesión aunque, previsiblemente, mucho más limitado en el tiempo si se consigue evitar que el problema se cronifique como resultado de la destrucción de tejido productivo y empleo. Buena parte de las medidas adoptadas por los Gobiernos persiguen precisamente ese objetivo. Se trata, en algún sentido, de “hibernar” las economías hasta que la situación se vaya normalizando, de forma que las empresas y trabajadores puedan retomar su actividad normal en las mejores condiciones posibles, logrando así una recuperación rápida. Con este fin, se han establecido mecanismos transitorios de flexibilidad laboral para evitar pérdidas permanentes de empleo y canales extraordinarios de acceso al crédito junto con moratorias en el pago de tributos y cotizaciones sociales para las empresas y autónomos para dotarles de liquidez suficiente en un momento de caída de sus ingresos, así como diversas prestaciones y ayudas de sostenimiento de rentas para los trabajadores afectados.
El shock será importante para todos pero su intensidad variará de un país a otro, así como la capacidad de hacerle frente según el margen fiscal disponible. La gravedad del problema dependerá de la incidencia de la epidemia y la estructura económica del país, incluyendo el peso de las actividades más afectadas por las medidas de contención (como la hostelería, el turismo y otros servicios) y del grado de atomización de las empresas. La capacidad para financiar medias paliativas, por su parte, dependerá crucialmente de la situación fiscal de partida de cada país en términos de sus niveles de déficit y de deuda en relación al PIB.
Ambas fuentes de asimetría pueden combinarse para hacer que el impacto de la crisis varíe mucho de un país a otro dentro de la Unión Europea. Dada la enorme interrelación que existe entre las economías de los estados miembros, sin embargo, los problemas que puedan producirse en los países más débiles terminarán afectando a todos ellos. Si la crisis sanitaria genera una nueva crisis de deuda, las subsiguientes tensiones en los mercados financieros podrían poner en riesgo la propia viabilidad del euro. A esta amenaza financiera para el proyecto europeo habría que sumar otra de carácter político posiblemente más importante, derivada de la creciente desafección de una ciudadanía que percibe una reacción insuficiente de las instituciones comunes y falta de compromiso político. Por ambos motivos, es esencial que la Unión Europea adopte un papel activo en la lucha contra la epidemia y sus consecuencias, coordinando y reforzando las actuaciones nacionales en materia sanitaria y económica y asegurando un reparto solidario de los recursos disponibles y de los costes de la crisis.
Las principales instituciones europeas ya han comenzado a actuar en esta línea, y lo están haciendo de forma mucho más rápida de lo habitual aunque todavía de manera insuficiente. La Comisión Europea ha tomado medidas para facilitar el aprovisionamiento de material sanitario y está financiando la búsqueda de tratamientos y vacunas contra el coronavirus. En materia económica, la Comisión y el Consejo Europeos han flexibilizado las reglas que regulan las ayudas del Estado a las empresas y, sobre todo, las reglas fiscales que limitan los niveles de déficit y deuda para dar a los estados miembros un mayor margen de maniobra presupuestario. También está utilizando su limitado presupuesto para movilizar recursos de los fondos estructurales y de los fondos europeos de solidaridad e inversiones para luchar contra la pandemia y sus consecuencias económicas. Lo mismo está haciendo el BEI dentro de su ámbito de actuación. Tras un inicio titubeante, también ha reaccionado energícamente el BCE con el lanzamiento de un nuevo programa de compra de deuda pública y privada para combatir los efectos de la pandemia dotado con 750.000 millones de euros que ya ha supuesto un alivio apreciable de las primas de riesgo nacionales.
Lo que no se ha conseguido hasta el momento es poner en marcha algún mecanismo colectivo de respaldo financiero-fiscal que acompañe las actuaciones del BCE como sería necesario en una crisis de esta naturaleza. La cuestión se ha abordado en las reuniones del Consejo y del Eurogrupo realizadas en las últimas semanas, sin resultados por el momento. Una posible vía de avance podría ser la utilización líneas de crédito del Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) a pesar de que su naturaleza y rigidez hacen que no sea el instrumento más idóneo para lidiar con la presente crisis. La posibilidad de mutualizar los costes de la crisis mediante la emisión de deuda respaldada por el conjunto de la Eurozona para financiar el gasto generado por la crisis, los llamados coronabonos, no ha prosperado hasta el momento por la oposición de Alemania y Países Bajos. En la última reunión del Consejo Europeo, el 26 de marzo, en la que en principio debía tomarse una decisión, se pusieron de manifiesto discrepancias de momento insalvables y se acordó dar al Eurogrupo un plazo de dos semanas para presentar propuestas concretas.
La autora concluye que la primera prioridad a corto plazo sería la de alcanzar lo antes posible un acuerdo para poner en marcha un mecanismo de mutualización de los costes de la crisis. A esto habría que añadir el diseño de una estrategia coordinada de salida y de impulso fiscal. A más largo plazo, sería necesario dotar a la Unión de mejores herramientas y más recursos para hacer frente a situaciones de crisis, incluyendo instrumentos jurídicos como la posibilidad de declarar un estado de alarma europeo.
Documento
Valle, E. (2020). “La reacción de la Unión Europea ante el Covid 19.” FEDEA, Apuntes, no. 2020-03, Madrid.
