Fedea publica hoy el cuarto informe de su Observatorio sobre el reparto de los impuestos y las prestaciones monetarias entre los hogares residentes en España, elaborado por Julio López Laborda, Carmen Marín y Jorge Onrubia. En el estudio se estima el impacto distributivo del sistema fiscal y las prestaciones monetarias públicas a partir de la información proporcionada por la Encuesta de Presupuestos Familiares (EPF) y la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV). El informe actual se refiere a los años 2016 y 2017 y para su elaboración ha sido necesario adaptar su metodología a los recientes cambios en la EPF.
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Los principales resultados del informe son consistentes con los de ediciones anteriores. La actuación del sector público a través de impuestos y prestaciones monetarias reduce la desigualdad de las rentas de mercado en torno a un tercio. Más del 90% de este efecto redistributivo proviene de las prestaciones monetarias públicas (especialmente las pensiones) y sólo una pequeña parte de los impuestos. El efecto redistributivo de los impuestos, a su vez, proviene fundamentalmente del IRPF, mientras que los impuestos indirectos tienen efectos regresivos. Los hogares pertenecientes a los cuatro primeros quintiles de renta (esto es, el 80% de los hogares con menor renta bruta), son beneficiarios netos de la intervención pública, es decir, soportan una carga impositiva inferior al subsidio que reciben en forma de prestaciones monetarias. Los hogares integrados en el último quintil (el 20% con mayor renta) son contribuyentes netos a la Hacienda Pública.
Tanto el nivel de desigualdad como las contribuciones a su reducción de los distintos instrumentos de actuación pública muestran una considerable estabilidad durante el período cubierto por el Observatorio (que se inicia en 2013), observándose quizás una ligera tendencia a la mejora a partir de 2015. Los principales datos se resumen en el Gráfico 1. La desigualdad en rentas primarias o de mercado, rentas brutas (incluyendo prestaciones) y rentas netas (tras impuestos) se mide a través del correspondiente coeficiente de Gini, mientras que los coeficientes de Reynolds-Smolensky recogen la reducción porcentual de este indicador de desigualdad que ha sido inducida por el gasto y los ingresos públicos.
En la presente edición del informe se incluye por primera vez un análisis por comunidades autónomas para el año 2017. Los resultados de este análisis han de interpretarse con precaución porque las diferencias entre comunidades en cuanto al impacto redistributivo del sector público se deben a muchos factores, incluyendo la heterogeneidad existente en relación con el nivel, estructura y distribución de la renta, la tasa de actividad y el nivel de desempleo, la estructura demográfica, el uso que las comunidades autónomas han hecho de su capacidad normativa sobre los tributos examinados y sus políticas en materia de prestaciones de competencia autonómica. Es también importante advertir que en ejercicios de este tipo sería deseable corregir por diferencias en niveles de precios entre comunidades, lo que hasta el momento no resulta posible por falta de estimaciones oficiales o generalmente aceptadas de indicadores regionales de poder adquisitivo.
Un subproducto interesante de este análisis es una fotografía de la distribución de la renta por hogares de cada comunidad autónoma en 2017, que se recoge en el Anexo II del informe. A título de ejemplo, el Gráfico 2 muestra el índice de concentración relativa de los hogares por tramo de renta en Madrid y Andalucía. Este indicador se construye como el ratio entre el porcentaje de hogares de cada comunidad que se ubica en cada tramo de renta bruta y el correspondiente porcentaje a nivel nacional. Así, un 27,4% de los hogares andaluces se sitúa en el primer quintil de renta nacional (el 20% de menores ingresos en todo el país), lo que supone un 137% de la media nacional (que por definición es el 20%) o un índice de concentración de 137. En Madrid, sin embargo, la fracción de los hogares que se encuentra en ese mismo tramo de renta es claramente inferior a la media nacional, con un índice de concentración de 70. Como cabría esperar, la relación se invierte en el otro extremo de la distribución: si nos centramos en los tramos de mayor renta, su peso es mayor que la media nacional en Madrid e inferior en Andalucía.
Gráfico 2: Índices de concentración relativa de hogares por tramo de renta (España = 100)
Documento
López Laborda, J., C. Marín y J. Onrubia (2019). “Observatorio sobre el reparto de los impuestos y las prestaciones monetarias entre los hogares españoles. Cuarto informe: 2016 y 2017.” FEDEA. Estudios sobre la Economía Española no. 2019-36. Madrid.
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