Educación

La opinión pública española vería con buenos ojos un pacto de Estado que garantizase la estabilidad del sistema educativo tras una reforma en profundidad del mismo para adaptarlo a las cambiantes necesidades sociales y económicas. Un acuerdo en esta línea se ha intentado negociar en varias ocasiones por Gobiernos de distinto signo, pero siempre sin éxito. Fedea publica hoy un estudio de Mariano Fernández Enguita (UCM) en el que se analizan las razones de este fracaso y se propone una alternativa más modesta, pero quizás con mayores probabilidades de éxito.

De acuerdo con el autor, la dificultad del pacto se debe a que a los problemas habituales en cualquier sistema educativo moderno, en el caso español hay que añadir tres fracturas muy arraigadas que dificultan cualquier compromiso. Los problemas tienen que ver con la adaptación del sistema educativo a la era digital, con la redefinición de la profesión docente y con las tensiones existentes entre la suficiencia de recursos y la eficiencia de su uso, entre comprehensividad y especialización, y entre la autonomía y responsabilidad de los centros. Las fracturas giran en torno al enfrentamiento entre escuela pública y privada o concertada, entre confesionalidad y laicidad, y entre la nación y las nacionalidades. A esto se suma la cultura nacional de las dos Españas, marcada por una idea maniquea del bien y el mal y por la experiencia trágica de la guerra civil.

En esta situación un pacto global será imposible mientras cada cual pretenda imponer sus líneas rojas. Hacen falta, por el contrario, compromisos sobre cuestiones específicas que sirvan para elaborar un consensorazonable, que sin ser plenamente satisfactorio para nadie sea aceptables para todos o casi todos. El autor propone en particular la siguiente serie de compromisos:

  • Institucionalidad concertada. Centros públicos más transparentes en general y más responsables ante alumnos, familias y autoridades locales, y centros concertados sometidos a un reclutamiento no selectivo.
  • Laicidad ecuménica. La enseñanza ha de ser laica, pero en la función de cuidado de los centros cabe añadir la formación religiosa que familias o alumnos elijan.
  • Ciudadanía plurinacional. El español y las lenguas exclusivas de las comunidades deben ser siempre vehiculares, sin que jamás una expulse a otra, pero de manera ponderada para compensar los posibles desequilibrios de partida. Las lenguas exclusivas podrán estudiarse en todo territorio nacional, tanto como permitan la escala o la tecnología.
  • Comprehensividad excepcionable. El objetivo de la institución es que todos sigan con éxito una enseñanza común. Pero familias y alumnos, debidamente informados, podrán requerir una excepción hacia la capacitación profesional durante el periodo obligatorio.
  • Crecimiento sostenible. La educación necesita más recursos, pero no para multiplicar sin más lo que ya existe. Es preciso, en contrapartida, innovar en tecnología, pedagogía y organización para alcanzar mayores niveles de eficiencia.
  • Autonomía transparente y responsable. La calidad de la educación se juega sobre todo en los centros, que deben tener autonomía pedagógica para realizar proyectos propios. Pero ésta ha de ir acompañada de la mayor transparencia, parte de la cual son la evaluación y rendición de cuentas.
  • Reforzar y revalorizar la profesión docente, comenzando por mejorar su formación inicial, su proceso de iniciación (prácticum, “MIR docente”) y su formación continua, vinculando a todo ello la selección y la carrera
  • Un pacto por la innovación. La profundidad y el alcance de la innovación que el sistema necesita requieren un contexto acorde, que acompañe, apoye y proteja a los innovadores. Este sí es terreno para un pacto, pues no hay en él, a día de hoy, una fractura social.

Documento completo

Fernández Enguita, M. (2019). “Del pacto quimérico a compromisos razonables.” FEDEA Policy Papers no. 2019-01, Madrid.

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