- El estudio de Fedea y BBVA Research cuestiona la tesis de que los recortes del gasto público han dejado a los servicios fundamentales sin los recursos necesarios para mantener los niveles de antes de la crisis.
- La eliminación del déficit exigirá una combinación de políticas entre las que deben jugar un papel central las reformas estructurales encaminadas a aumentar la tasa de crecimiento y el nivel de ocupación.
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BBVA Research y Fedea publican hoy un trabajo de Ángel de la Fuente, Rafael Doménech y Javier Andrés en el que se repasa la historia reciente de las cuentas públicas españolas y se propone una estrategia para asegurar la solvencia de nuestras finanzas públicas en los próximos años.
Los autores sostienen que la historia reciente de las cuentas públicas españolas se parece poco a la que se suele contar. Si se analiza la evolución del gasto público desde los primeros años del euro, en vez de tremendos recortes que llegan ya al hueso del Estado del bienestar, lo que vemos es más bien un extraordinario aumento del gasto hasta 2009, que sólo se ha revertido en parte desde entonces. De acuerdo con la información recientemente publicada por la Intervención General del Estado, el gasto real por habitante de las Administraciones Públicas se ha reducido en casi 9 puntos porcentuales entre 2009 y 2014. Esta reducción, sin embargo, llega después de un incremento acumulado de 23 puntos entre 2003 y 2009, con lo que sigue habiendo un incremento neto de unos 14 puntos entre 2003 y 2014, o una ganancia de más de un punto anual en el gasto por habitante medido a precios constantes durante el conjunto del período que se analiza en el estudio.
Lo mismo es cierto del gasto real por usuario en sanidad y educación: ambas variables registran fuertes ganancias hasta 2009 seguidas de un recorte en los últimos años que nos deja en niveles similares a los existentes en 2007 justo antes de la crisis, con un incremento de 18 puntos durante el conjunto del período analizado que supone una tasa de crecimiento anual en torno al 1,5%. Así pues, los datos no respaldan la percepción de quienes consideran que el recorte observado desde 2009 ha comprometido inevitablemente la calidad de los servicios públicos esenciales, al menos si suponemos que estos funcionaban razonablemente bien antes de la crisis.
Que el gasto público per cápita en 2014 sea similar en términos reales al que teníamos en 2007 significa que nuestros servicios públicos han contado con los medios para resistir la crisis mejor de lo que habitualmente se dice, lo que ha supuesto un esfuerzo muy considerable, sobre todo cuando se tiene en cuenta que la renta per cápita ha disminuido un 8,8% en el mismo periodo. Pero este esfuerzo no nos debe hacer olvidar los graves retos fiscales a los que hemos de hacer frente. En un contexto de crecientes necesidades de gasto, ligadas en buena parte al envejecimiento de la población, la necesaria eliminación del déficit presupuestario público seguramente requerirá tanto un esfuerzo continuado de racionalización del gasto, para el que ciertamente hay margen en opinión de los autores, como un incremento de la recaudación tributaria que debería ser lo menos distorsionante posible. Andrés, Doménech y de la Fuente insisten en la necesidad de complementar las actuaciones sobre ambas partidas del presupuesto con el uso de un instrumento adicional: reformas estructurales que sirvan para aumentar de forma significativa y sostenida el nivel de ocupación y la tasa de crecimiento de nuestra economía, aportando así recursos fiscales que mitiguen el desagradable trade-off que existe entre presión fiscal, por un lado, y protección social y calidad de los servicios públicos, por el otro.
Gráficas
Ingresos, gastos y saldo presupuestario no financiero como % del PIB – conjunto de las AA.PP., excluyendo las ayudas al sector financiero
Gasto corriente por usuario en sanidad y educación del – conjunto de las AAPP a precios constantes, 2003 = 100
Más información
Andrés, J., A. de la Fuente y R. Doménech (2016). “Notas para una política fiscal en la salida de la crisis.” Fedea Policy Papers no. 2016-03, Madrid.
