Infraestructuras

Economía y política de infraestructuras en España

Las familias españolas gastaron en promedio el 11,8 por ciento de su presupuesto en actividades de transporte en 2012 (INE, 2013). A este componente monetario hay que añadirle el coste del tiempo de viaje, y el de espera y de desplazamiento a/desde las estaciones. Finalmente, también debemos contabilizar los costes derivados de los accidentes y de impactos medioambientales no internalizados.

El coste total del transporte para la sociedad es sensiblemente mayor que los costes de las familias recogidos en el párrafo anterior. Las empresas también soportan costes de transporte, incluidos en el precio de los bienes y servicios, que debemos añadir al 11,8% anterior, así como la parte de las inversiones públicas en infraestructuras y las subvenciones a empresas que se pagan con impuestos presentes o futuros.

Esta elevada participación de las actividades de transporte en la renta nacional indica que la existencia de un sistema de transporte eficiente es esencial para el bienestar social, al que contribuye a través de mecanismos diversos: reducción del coste de los bienes y servicios, incremento de la accesibilidad de los individuos, mejora de las decisiones de localización y contratación de empresas y trabajadores, generación de economías de aglomeración, reducción de los costes del comercio y obtención de ganancias de eficiencia derivadas de la especialización, ventajas comparativas y economías de escala; y también reduciendo el poder de mercado por mayor exposición a la competencia

Estos beneficios potenciales suelen utilizarse por los promotores de grandes proyectos, públicos o privados, para justificar inversiones con independencia de si su valor neto, una vez considerados los costes, es o no positivo. En sentido opuesto, también se utilizan para mostrar el enorme coste social que supone, por ejemplo, la congestión en zonas urbanas o el valor absoluto de las horas de espera en los aeropuertos, etc. En ambos casos, estos valores absolutos son poco informativos si no los presentamos conjuntamente con los beneficios sociales a los que están asociados.

La pregunta económica relevante consiste, por tanto, en determinar si la asignación de recursos a la actividad de transporte y su distribución por modos y por proyectos es la óptima, o si por el contrario, el sistema actual de precios, las decisiones de inversión pública en infraestructuras, el marco regulatorio y la competencia existente en los mercados de servicios de transporte promueven un sistema con unas cuotas de mercado por modos de transporte y una elección de proyectos subóptimas, y unos costes totales de producción excesivamente elevados.

En España tenemos evidencia de serias ineficiencias y de su alto coste económico: sobrecapacidad portuaria y aeroportuaria, endeudamiento excesivo de las dos grandes empresas públicas gestoras de infraestructuras (AENA y ADIF), construcción de carreteras mediante un sistema concesional mal diseñado en origen, inversión en alta velocidad con demanda insuficiente, etc.

El origen de muchos de los problemas viene de lejos y está enraizado en un diseño institucional que favorece a la gran obra pública sin la debida consideración de su rentabilidad social, que ignora la función de los precios para hacer frente a problemas de congestión, que menosprecia los avances en el diseño de los contratos y el papel de los incentivos cuando se regulan o se concesionan infraestructuras, desaprovechando el potencial de la participación privada al recurrir a un marco regulatorio impreciso, que no reparte riesgos eficientemente y resulta excesivamente propenso a la renegociación.

Las investigaciones que se realizan bajo el titulo general de “Economía y política de infraestructuras y transportes en España” tienen como objetivo evaluar el sistema de transporte y aportar propuestas para la mejora de su diseño. Se tratará de identificar a partir de los datos existentes, de los estudios ya realizados en nuestro país y de la experiencia internacional, las causas de las ineficiencias más costosas asociadas a la inversión en infraestructuras y a la operación de los servicios de transporte, así como de proponer cambios en el diseño institucional y la regulación de los mercados de transporte y en el peso del sector privado en dichos mercados.

La reducción de las ineficiencias mediante la introducción de las reformas orientadas a aumentar el bienestar social y el aprovechamiento del potencial de la iniciativa privada en un marco de incentivos diferente tiene una repercusión económica que excede el ámbito del transporte, ya que prácticamente todos los individuos y las empresas desarrollan sus actividades con una utilización directa o indirecta de este tipo de servicios.

Investigación

Transporte Aéreo

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Infraestructuras Viarias

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Evaluación económica

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Transporte Ferroviario

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Infraestructuras portuarias

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Transporte Urbano de Viajeros

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